Ecologistas en Acción se opone al rescate con dinero público de esta autopista impactante e insostenible de cuya inviabilidad ya advirtieron antes de que se ejecutase.
Envían un escrito a la Ministra de Fomento exigiéndole que cese el goteo de dinero público a estas concesiones privadas innecesarias.
Exigen que se destinen fondos a servicios públicos necesarios y no a infraestructuras que jamás se debieron autorizar.
Envían un escrito a la Ministra de Fomento exigiéndole que cese el goteo de dinero público a estas concesiones privadas innecesarias.
Exigen que se destinen fondos a servicios públicos necesarios y no a infraestructuras que jamás se debieron autorizar.
Después de que la Ministra de Fomento, Ana Pastor, se reuniera hace unas semanas con las concesionarias para buscar una solución a su problema de riesgo de quiebra por el bajo nivel de usuarios, y del reciente anuncio de que Aucosta no ha conseguido refinanciar su deuda, Ecologistas en Acción ha reiterado su rechazo a la posibilidad de que desde el Ministerio de Fomento se salga al rescate de las autopistas de peaje no rentables, entre la que estaría la insostenible e impactante Autopista de Peaje Cartagena-Vera (AP-7).
La actual situación de la Autopista de Peaje Cartagena-Vera (AP7), infrautilizada y con una falta evidente de rentabilidad para la empresa concesionaria, ya fue advertida por Ecologistas en Acción y otras muchas organizaciones ambientales y sociales antes de ser construida. Y se opusieron a ella no sólo por su falta de necesidad, sino también por los “grandes impactos ambientales”, como la importante afección al hábitat de la tortuga mora, y los problemas para la gestión de la Red Natura 2000 presente en Marina de Cope, como del propio Parque Natural Costero-Litoral declarado como tal en 1992.
Pedro Luengo, portavoz de la organización ecologista, asegura que "el escaso tráfico de autopistas como la de Cartagena-Vera era más que previsible, ya que no se proyectó en base a una necesidad real y justificada técnicamente". Desde Ecologistas en Acción “siempre hemos denunciado que se trata de una infraestructura absurda, de enorme impacto ambiental, innecesaria, y que se autorizó y construyó en base a unas excesivamente optimistas previsiones especulativas de desarrollos urbanoturísticos”. Ésta, a su juicio “sólo tenía sentido para sostener la oleada de especulación urbanística que durante varios años ha asolado la Región, con la connivencia y participación del Gobierno de Valcárcel, dejando tras su paso una grave crisis económica e institucional, con innumerables episodios de corrupción política".
La política de infraestructuras de transporte (en España, y también en la Región de Murcia) nos hunde aún más en la insostenibilidad, constituyendo un importante lastre económico a las arcas públicas. “Algo inadmisible en estos momentos de crisis en que hay miles de personas con serias dificultades económicas, y mientras se recortan enormes cantidades de dinero público para servicios públicos tan importantes como la educación y la sanidad públicas” Advierte Luengo.
Somos el país europeo con mayor número de kilómetros de autovías (más de 15.621km en 2011). Un 5,9 % de nuestra red viaria es autovía, frente al 1,2% de media de la Unión Europea, el 1,4% de Estados Unidos o el 0,6% de Japón. Y en 2008, España poseía el 21’4% de toda la red de autovías y autopistas de la UE. A pesar de todo ello, explica Pedro Luengo, “no somos precisamente el país europeo que mejor afronta la crisis o que menor tasa de paro ostente”. Esto es porque “una vez superado un umbral mínimo en la dotación de infraestructuras (umbral que España y la Región de Murcia superaron hace mucho tiempo), las nuevas infraestructuras no son sinónimo de desarrollo económico, e incluso pueden producir el efecto contrario”, por su coste a las arcas públicas en detrimento de otras inversiones más beneficiosas socialmente, y/o efectos negativos en el empleo y comercio local. Tesis avalada por numerosos estudios al respecto [1].
Por ello, Ecologistas en Acción exige que no se dedique ni un sólo euro público más en rescatar una infraestructura "insostenible en lo ambiental y que carece de viabilidad económica”, ya que es precisamente este tipo de malas decisiones lo que ha provocado un enorme agujero en las arcas públicas. Según Luengo “al financiar carísimos proyectos que la sociedad no necesita, se acaba lastrando la economía y se impide disponer de fondos para lo que realmente es necesario para los ciudadanos”. En su lugar, esos fondos deberían dedicarse a asuntos urgentes y con beneficio social evidente como son las miles de familias que carecen de los recursos necesarios para vivir, y para evitar recortes en servicios públicos tan necesarios como la educación y la sanidad.
Para esta organización es "un despropósito que no se aplique el principio de sostenibilidad ni el de que quien contamine que pague, a una infraestructura basada en la avaricia, que ahora, en momentos de crisis, pretende obtener fondos de todos los ciudadanos mientras se resienten por falta de presupuesto algunos servicios públicos de primera necesidad”.
Finalmente, desde Ecologistas en Acción concluyen que "desde el Gobierno Estatal y el Ministerio de Fomento se estará cometiendo un grave error y enorme injusticia social si se continua invirtiendo fondos públicos para “ayudar” a la empresa gestora, Aucosta, que debería correr con los propios costes del desastre en el que se metió por su cuenta y riesgo, dadas además las externalidades que sufren todos los ciudadanos al ver espacios naturales protegidos fragmentados, túneles en lugares como el Lomo de Bas, etc. .... Y todo ello de manera innecesaria, ya que existía, y existe, una excelente conexión entre Cartagena y Vera por medio de otras vías".
Basta ya de privatizar las ganancias y de socializar los costes y las pérdidas.
[1] Extraído del informe “Infraestructuras de transporte y crisis: Mitos y realidades”
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